2. Contexto de la prensa colombiana
Los medios de comunicación en Colombia surgen tardíamente en relación a otros países del continente. La radio llega en la ruptura entre Hegemonía Conservadora y República Liberal. En 1929 se inaugura la primera radiodifusora oficial, la HJN, casi 15 años después de que se comenzara a construir la infraestructura necesaria para ello y después de esto se convierte en un medio notoriamente influyente en la vida nacional. La televisión llega durante el gobierno de facto del General Gustavo Rojas Pinilla. Con poca cobertura y popularidad en sus primeras décadas, la televisión es hoy el medio de mayor alcance, cobertura y popularidad a nivel nacional. Los nuevos medios ligados a la Internet tienen desarrollo en el país desde finales de la década de los 90’s y actualmente se encuentran en su mejor momento, pero distan bastante de ser determinantes para la cotidianidad de la mayoría de las personas. Por otro lado, la prensa escrita se remonta al siglo XVIII, con la publicación de la Gaceta de Santa fe en 1871 y con ella comienza una larga e importante historia.
La prensa escrita desde sus comienzos fue de carácter explícitamente ideológico y partidista, y en sentido menos amplio pero no menos importante, intelectual. Los diarios y publicaciones tenían filiaciones e intenciones claras de acuerdo a sus fundadores, y estas estaban ligadas fuertemente a la militancia. Hoy los medios de comunicación siguen manteniendo una posición editorial y tendencia política, pero con mayor independencia.
La prensa escrita logró permear todos los niveles de la vida social colombiana mucho antes que los demás medios. Sin embargo con la llegada de la radio, y posteriormente de la televisión, su papel protagónico se volvió difuso, llegando a pensar incluso en su desaparición. Pero hoy, casi 80 años después sigue vigente, y aunque su circulación es limitada en relación con la televisión y pequeña en proporción con la población total del país, sigue teniendo un papel fuerte en la vida y opinión pública nacional.
2.1 Antecedentes de censura
Bajo la Constitución Política de 1886
Esa misma constitución consagraba en su artículo 42 que “La prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública”, y el artículo K del título XXI “Disposiciones transitorias” decía que “mientras no se expida la ley de imprenta, el Gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la prensa”. El espíritu “regenerador” que promulgó ésta constitución no reconocía el papel de la prensa y la importancia de que esta fuera completamente libre. La censura estaba constitucionalmente permitida, especialmente en estado de sitio.
Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) el discurso de la seguridad nacional tomó fuerza. En respuesta a los movimientos rebeldes de las dos décadas inmediatamente anteriores se proclama por medio del decreto 1923 de 1978 el controvertido “Estatuto de seguridad”. En 1979 Luis Carlos Galán, entonces periodista presentó un “Informe sobre el derecho de informar y ser informado: delitos de opinión y censura a los medios de comunicación en Colombia”. Con respecto al surgimiento del “Estatuto de seguridad” dice:
En diciembre de 1977 los altos mandos militares dirigieron al presidente López Michelsen una enérgica comunicación en la que afirmaban que el problema de la inseguridad no podía ser contenido "dentro de los moldes jurídicos clásicos". Se quejaban de las campañas de prensa contra la institución militar y exigían "nuevamente al gobierno que dicte el procedimiento de emergencia medidas adicionales" para garantizar la honra de los militares y la seguridad de los ciudadanos. Este pronunciamiento militar fue el antecedente más inmediato del "estatuto de seguridad" dictado luego por el gobierno del presidente Turbay Ayala.[2]
El “estatuto de seguridad” desde su origen hasta su aplicación fue una medida fuertemente coercitiva. Entre las acusaciones existen torturas, amenazas, detenciones ilegales, etc., además provoco el exilio de varios intelectuales del país. El estatuto incrementaba las funciones de las fuerzas Armadas en detrimento del poder jurisdiccional. La prensa no fue ajena a estas medidas de parte del gobierno. Para entonces estaba vigente la Ley 51 de 1975[3] “por la cuál se reglamenta el ejercicio del periodismo y se dictan otras disposiciones” que limitaba seriamente el ejercicio del periodismo al pretender caracterizar quienes eran y quienes no eran periodistas (artículos 2 y 3), multándolos además por no acogerse a ella (artículo 7). Sin embargo, el artículo primero dice:
Reconócese como actividad profesional regularizada y amparada por el estado, el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas.
El régimen de la protección del periodista tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
Garantizar la libertad de información, expresión y asociación sindical, defender el gremio y establecer sistemas que produce el periodista seguridad y progreso en el desempeño de sus labores
La pretensión de la ley parte de la protección y el reconocimiento del ejercicio periodístico. Incluso en ella se consagra el 9 de febrero como día nacional del periodista (artículo 14), pero su existencia implica una regulación no deseada ni necesaria para un oficio que en países tan provinciales como Colombia se suelen ejercer de forma amateur.
Galán dice también que “Las experiencias de la censura hace 25 o 30 años, cuando en todo órgano de expresión se ejercía un control gubernamental directo de cuanto se publicara o divulgara en los medios de comunicación han sido sustituidas por otro tipo de censuras y autocensuras menos francas y a veces más eficaces”, haciendo referencia desde entonces a la existencia de formas sutiles de censura.
Un ejemplo de la persistencia de las formas de censura acaece en 1985. Durante la retoma del palacio de Justicia en noviembre de 1985, la entonces ministra de comunicaciones, Noemí Sanín, ordena a los medios no pasar información acerca de lo que está sucediendo al interior del Palacio de Justicia. Esto tan solo 6 años antes de la proclamación de la constitución política de 1991.
El “Estatuto de seguridad” fue derogado durante el gobierno de Belisario Betancur por el Congreso de la República.
2.2 Las “nuevas formas de censura” en el contexto de conflicto colombiano
La censura queda eliminada de la legislación nacional por el artículo 20 de la Constitución Política de 1991 que dice tajantemente que “no habrá censura”. Este artículo está apoyado por el 73, que dice que “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”, además los artículos 74, 75, 76 y 77 que hacen otras consideraciones sobre el acceso a la información de interés público y el manejo del espectro electromagnético.
En cifras generales de la Fundación para la Libertad de Prensa
El periodista y profesor universitario Juan Gonzalo Betancur[5] sostiene que, en el contexto violento colombiano, el manejo de la información en el país se está dando en “contravía” a la tendencia internacional, pero que sin embargo progresivamente se tiende a adoptar las prácticas internacionales. Mientras que generalmente se busca evitar que salgan imágenes de muertos y heridos, aquí por el contrario hay que mostrarlos porque hay que demostrar que la guerra se está ganando. Ejemplo de esto es el espectáculo mediático alrededor del cuerpo de Alias ‘Raúl Reyes’, jefe guerrillero de las FARC abatido en territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008. Mientras que a nivel internacional suele restringirse el tránsito de periodistas por ciertas zonas, en Colombia se es relativamente permisivo con esto, aunque Betancur anota que aquí los periodistas no van a zonas de conflicto no por restricción oficial sino por cuestiones de autocensura o determinaciones de los medios. Sin embargo, en repetidas ocasiones, la presencia de periodistas en zonas de conflicto durante operaciones de liberación de secuestrados por las FARC, ha generado escaramuzas entre altos mandos militares, incluyendo al Presidente de la República, con sectores de la prensa nacional.
Con respecto a las nuevas formas de censura, Betancur dice que son frecuentes “las presiones indebidas escondidas como ‘recomendaciones’ o ‘sugerencias’ a los reporteros o llamadas privadas a los directores de periódicos o estaciones de radio y televisión para solicitar que una información no salga o aparezca matizada como las instituciones del gobierno o las Fuerzas Armadas quieren”[6]. Allí radica la naturaleza de las formas de censura sutil. Juan Gonzalo Betancur[7] hace referencia a la autocensura, y al mismo tiempo incluye una nueva categoría no mencionada por el informe de la ADC: La uniformidad en la información o “monocromía informativa”. Considera como una nueva forma de censura el hecho de que los enfoques, las fuentes, los tratos de la información sean tan parecidos sobre todo en los medios hegemónicos. Esto hace que pierdan carácter democrático y pluralista, y por el contrario contribuyen a una única interpretación de una realidad tan compleja y difícil de entender como la actual, además ayuda a la progresiva desaparición de medios y espacios periodísticos por motivos económicos, es decir, aquellos que buscan mostrar la realidad bajo perspectivas diferentes no encuentran asidero dentro de la opinión pública. El profesor Betancur reconoce también las nuevas formas de censura relacionadas con problemas financieros, que tienden a modificar o influenciar los contenidos de los medios.
Las dos conclusiones del análisis realizado por Juan Gonzalo Betancur son las siguientes[8]: En primer lugar la información –a nivel mundial- no está siendo restringida por las normas de regulación y responsabilidad propias de los medios y los periodistas sino por políticas de restricción de los estados. Y en segundo lugar, el cubrimiento del conflicto y el manejo de la información en Colombia tienen peculiaridades que llevan a pensar que la guerra de nuestro país esta siendo cubierta en “contravía” informativa, sin calificar este hecho como bueno o malo.
La Asociación por los derechos Civiles, organización no gubernamental argentina, realizó en 2008 un estudio en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay sobre diferentes formas de censura indirecta en América Latina –esos países particularmente- llamado El Precio del Silencio. Allí evidencia la existencia de persistentes y crecientes violaciones a la libertad de expresión y de prensa por medios no tradicionales relacionados en su mayoría de veces con la asignación de pauta oficial. Estas son agrupadas en 3 categorías: Abuso de fondos públicos y monopolios, abuso de la autoridad regulatoria y de inspección y presiones extralegales. Los abusos en cuestión se dan tanto a nivel nacional como local, y debido al funcionamiento descentralizado de la mayoría de entidades públicas, se da de manera independiente.
“Irma Villalobos y Judith Osorio, ejecutivas del departamento de marketing del semanario El Espectador, de Bogotá, confirmaron que ciertos organismos del gobierno nacional han retenido publicidad en respuesta a alguna información publicada que no fue de su gusto”[9]. Los medios suelen tener separadas la parte comercial y la parte periodística, por lo que una no debería interferir con la otra. Sin embargo los periodistas llegan a recibir “sugerencias” personalmente, o en los medios de nivel local o regional trabajan al mismo tiempo como periodistas y como vendedores de pauta. Esa independencia entre lo comercial y lo informativo es una falacia.
El informe cita varios ejemplos puntuales en el país. Todos ellos demuestran que en las tres categorías y en los diferentes casos enumerados existen violaciones, desde los funcionarios públicos de menor rango hasta el Presidente de la República. Estas presiones recaen sobre todos los medios, sin importar cuál sea su tendencia, desde los hegemónicos hasta los comunitarios ven como su actividad ha sido fuertemente coartada de manera sutil pero eficaz. Lo preocupante es la falta de movilización e información que hay sobre esto, porque indica indiferencia o una nueva forma de autocensura, mucho más grave que las anteriores.
En junio de 2008 hubo comentarios al interior de diferentes medios y facultades de comunicación debido a un manual de estilo que estaba siendo preparado desde la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño, con la intención de unificar criterios en sus colaboradores y funcionarios. La preocupación surgió con la propuesta de “regalar” el manual a las facultades de comunicación del país y las protestas no se hicieron esperar. Mario Morales, director del programa de Periodismo de la Universidad Javeriana dijo para El Espectador que “es a todas luces una forma endulzada o disfrazada de censura y de intento de control del ejercicio profesional, con la carga del lenguaje de la seguridad democrática. Que lo guarden y lo usen en beneficio propio y que la platica de los regalos la dediquen a la educación de los analfabetas”[10], Este ejemplo, y teniendo en cuenta la relación hostil del presidente Álvaro Uribe con la prensa, reafirma la tesis de que las formas de censura indirecta o nuevas formas de censura se mantienen en el país en todas sus instancias, además demuestra que ha habido acciones no tan sutiles. Con respecto a estas acciones, Juan Gonzalo Betancur anota que:
Ese tipo de políticas impiden que la prensa ayude a la formación de una opinión pública bien informada, pero han dado buenos resultados a los intereses políticos de los gobiernos y de los ejércitos cuando las han usado. Cuando han librado guerras que, como las del mundo actual, cada vez tienen más batallas en el territorio de los medios masivos de información.[11]
Con respecto a la realidad de conflicto colombiano y en relación con las acciones que terminan por acallar las distintas voces de la prensa, dice Betancur que “una ciudadanía que desconoce los horrores de la confrontación, que no ha visto las atrocidades que se cometen en un campo de batalla, se convierte entonces en una opinión pública que no cuestiona las decisiones gubernamentales de embarcarse en una aventura militar”[12]. Pero ese campo de batalla no se encuentra solamente en el conflicto bélico. Las batallas en Colombia se dan en cada esquina, porque más allá del conflicto armado, la problemática en Colombia es esencialmente social.
[1] http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/68062733439359617422202/p0000001.htm Constitución Política de 1886. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
[2] LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA. 25 AÑOS. ITINERARIO DE UNA HISTORIA. SUÁREZ, Jesús Aníbal y otros. “Informe sobre el derecho de informar y ser informado: delitos de opinión y censura a los medios de comunicación en Colombia” GALÁN, Luis Carlos. 1979
[3] http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104799_archivo_pdf.pdf Ley 51 de 1975.
[4] http://www.flip.org.co/secciones/rap/cifras_grales.htm Cifras generales. fundación para la Libertad de Prensa.
[5] “Colombia, una guerra en ‘contravía informativa’”. BETANCUR, Juan Gonzalo. En: Reflexión política. Vol. 4, Nº 8 (Dic)
[6] Ibíd. P. 127
[7] Ibíd. p. 129
[8] Ibíd. p. 133
[9] EL PRECIO DEL SILENCIO: ABUSO DE PUBLICIDAD OFICIAL Y OTRAS FORMAS DE CENSURA INDIRECTA EN AMÉRICA LATINA. Buenos Aires: Asociación por los Derechos Civiles; New York: Open Society Institute. 2008. p. 41
[10] http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-de-presidencia-los-periodistas?page=0,0 “De: Presidencia, para: periodistas” El Espectador. Bogotá. 7 de junio de 2009.
[11] “Colombia, una guerra en ‘contravía informativa’”. BETANCUR, Juan Gonzalo. En: Reflexión política. Vol. 4, Nº 8 (Dic) p. 134.
[12] Ibíd. P. 121
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